La agencia de medios UM -del grupo IPG Mediabrands- se queda finalmente sin el contrato de 13 millones de euros adjudicado por Turespaña el pasado mes de noviembre. Este organismo público se ha visto obligado a anular el resultado de la licitación tras un recurso de LLYC, tal y como avanzó este medio.
El caso se remonta al mes de junio del año pasado. En ese momento, Turespaña emprendió un proceso de selección para la búsqueda de una agencia que gestionase sus redes sociales. Se trataba de un gran contrato, con un importe de 13 millones de euros a repartir en cuatro años. Es decir, un presupuesto anual de unos 3,5 millones de euros.
Dada esta cuantía -muy importante para tratarse de gestión de redes sociales-, se presentaron al concurso varias de las agencias más potentes del mercado, como fueron las de medios UM, Mindshare, We Are Marketing y Havas Media Group; la consultora de comunicación LLYC o la productora Secuoya. También concurrió al proceso WeRock, el brazo publicitario del Grupo Godó; y la UTE formada por la agencia de medios Media Sapiens y la firma de comunicación Coonic.
De todas ellas, la que mejor puntuación global obtuvo en el proceso de selección fue UM, con 82,06 puntos. Pero el resultado estuvo muy ajustado, ya que en segunda posición quedó LLYC, a solo dos centésimas.
Esto propició que LLYC presentara un recurso ante el Tribunal Administrativo Central de Recursos Contractuales, tras la adjudicación del contrato a UM.
Realmente fue un doble recurso. Por un lado, LLYC detectó un presunto error en la valoración de la oferta de UM relativa a la experiencia laboral de varios de sus profesionales. Por otro lado, la consultora española protestó por la no exclusión de la UTE conformada por Media Sapiens y Coonic. Ambas agencias presentaron la oferta más barata -947.000 euros- pero al poco tiempo decidieron ellas mismas autoexcluirse por razones «económicas y comerciales». Turespaña no les dejó hacerlo por no haberlo comunicado en el plazo habilitado para ello.
Esta decisión perjudicó a LLYC, porque si se hubiera excluido a la UTE, serían ellos los que habrían obtenido la puntuación más alta en la fase económica del concurso. En su recurso, LLYC argumentaba que la decisión de Media Sapiens y Coonic de renunciar al concurso realmente sí se hizo en el plazo indicado.
El Tribunal Administrativo dio la razón a LLYC en ambos puntos y exigió en su fallo que Turespaña debía retrotraer el proceso de selección al momento de valoración de ofertas.
Finalmente, lo que ha hecho Turespaña ha sido proceder a la anulación de la adjudicación. El siguiente paso debería ser reemprender el concurso público desde las valoraciones de los licitantes y, seguidamente, lo más probable sería adjudicar el contrato a LLYC, que tendría la puntuación más alta según las consideraciones aportadas por el Tribunal Administrativo. Se volvería a abrir entonces un nuevo periodo para posibles recursos y, si no hay ninguno, la última etapa sería la formalización del contrato y su posterior entrada en vigor.
