El Consejo de Transparencia y Buen Gobierno ha instado a Renfe a difundir los datos de inversión publicitaria en cada medio en el que ha planificado sus campañas durante el año 2023.
En una primera respuesta, Renfe se resistió a publicar esos datos porque niega que el desglose de la inversión publicitaria por medio sea información pública, «al tratarse de datos empresariales que no tienen encaje en la Ley de Transparencia». Alegan que al ser las campañas de Renfe de naturaleza comercial y no institucional, no están sujetas a las exigencias de transparencia.
Renfe se niega a proporcionar esos datos porque es «información económica privilegiada, de alto valor competitivo y comercial, relativa a costes y precios sensibles».
Señalan desde Renfe que «el derecho de acceso no puede amparar la obtención de información económica privilegiada, de alto valor competitivo y comercial, relativa a costes y precios sensibles que cualquier empresa o entidad, pública o privada, está obligada a proteger reservar«. Añaden que «además, resulta exigible un mayor grado de reserva en cuanto a las inversiones publicitarias, cuya divulgación en el presente caso produciría un injustificado menoscabo en la capacidad de negociación tanto del Grupo Renfe como de su central de medios, EQUMEDIA, con un efecto de distorsión competitiva».
Al margen de ello, desde Renfe contestaron a Transparencia que ese desglose no consta en ningún documento concreto, por lo que tendrían que hacer una labor de recopilación y reelaboración de un documento adhoc para dar respuesta a la solicitud.
La información sí es pública
No está de acuerdo con esta argumentación Transparencia, que concluye que la información requerida a Renfe sí es pública, «pues permite conocer cómo se gestionan los recursos públicos que se integran en el patrimonio de dicha entidad».
Este organismo público también deja claro en su resolución que «en la ponderación entre el interés en el acceso a la información pretendida y el eventual perjuicio a los intereses económicos y comerciales de la empresa, ha de prevalecer el primero«. De hecho, Transparencia asume en su escrito que «no se aprecia que el acceso a la información suponga desvelar una factor estratégico clave que afecte a los intereses comerciales de la entidad pública o de sus empresas».
Por tanto, Transparencia insta a Renfe en una resolución fechada el mes pasado a que en el plazo máximo de diez días facilite al solicitante de la información a cuánto ascendió la inversión publicitaria de Renfe en 2023 y el desglose por medios de comunicación.
Hay que notar que la información sobre la inversión publicitaria de Renfe sí es pública, ya que se difunde cada año en el Informe de Publicidad Institucional que elabora Moncloa. En concreto, en 2023 fue de 18,2 millones de euros. Lo que no es accesible es la cantidad que recibe cada medio y que ahora Renfe debería difundir.
En cualquier caso, contra esta resolución de Transparencia, Renfe podrá interponer recurso contencioso-administrativo ante la Audiencia Nacional.
