AENA inició antes de verano la búsqueda de una consultora de asuntos públicos para un máximo de cuatro años.
Hasta ahora, el operador público ha contado con la multinacional FIPRA, que fue seleccionada en 2023. Esta compañía podría haber seguido trabajando para AENA dos años más, pero la operadora pública decidió no prorrogar el contrato y por ello lanzó una nueva licitación.
Como en el anterior proceso de selección, AENA lo que necesita es una firma especializada en lobby, que tenga presencia tanto en España como en Bruselas.
Una de las firmas que ha concurrido al concurso público es JRB Global Investment Advisory, recientemente creada por el ex político José Ramón Bauzá, que fue presidente de las Islas Baleares entre 2011 y 2015 por el Partido Popular (posteriormente se pasó a Ciudadanos).
Esta nueva compañía ha competido por el contrato de AENA con la unión empresarial formada por Acumen Public Affairs y Schuman Associates, y también con FTI Consulting, que ya trabajó para el operador público hace tres años.
De estas tres candidatas, la única que pasó el corte en la fase técnica fue FTI Consulting (había que obtener una puntuación mínima de 80 sobre 100), por lo que las otras dos fueron excluidas.
288.000 euros anuales
Ya sin rival, AENA acaba de adjudicar el contrato a FTI Consulting, que manejará un presupuesto anual de 288.000 euros (sin IVA) para un un mínimo de dos años, aunque se puede prorrogar otros dos.
De esa cifra anual, 261.000 euros se aplicarán a horas de consultoría, otros 10.000 euros a viajes y 16.000 euros a costes indirectos.
La consultora finalmente contratada reportará a la Oficina de la Presidencia, Estrategia y Políticas Públicas de AENA, encabezada por Ángel Luis Sanz.
Según expone la compañía en las bases del concurso, AENA necesita contratar un servicio de asesoramiento experto en asuntos públicos en el ámbito de la Unión Europea (UE) que puedan afectar a su actividad, con especial atención a la regulación del sector de la aviación y, en concreto, en ámbito aeroportuario.
El servicio debe estar orientado tanto a acciones proactivas dirigidas a trabajos de colaboración con la UE, como a acciones encaminadas a analizar, prevenir y/o mitigar los potenciales efectos de la implantación de cualquier novedad regulatoria que afecte a los intereses de AENA.
