Iberdrola ha contado con el asesoramiento de varios expertos en comunicación para elaborar su demanda contra El Confidencial. Así se desprende de un comunicado que ha difundido entre periodistas la propia Iberdrola, que, aunque no figura en la sala de prensa online de la compañía, ha podido tener acceso este medio.
En el texto enviado a periodistas, Iberdrola confirma que demandó el pasado 21 de enero a El Confidencial, publicación a la que le pide 17,5 millones de euros en concepto de indemnización por los presuntos daños económicos causados contra la energética.
Iberdrola ha demandado al digital dirigido por Nacho Cardero por “la sobreinformación, el tratamiento tendencioso de los hechos” y, lo que considera más grave, la “publicación de noticias que son directamente inexistentes o contrarias a la verdad”, según reza el citado comunicado de prensa.
Para apoyar estas acusaciones, Iberdrola se ha valido de varios expertos en comunicación. Por un lado, ha contratado a Justo Villafañe, catedrático de Reputación Corporativa de la Universidad Complutense de Madrid y propietario de la agencia Villafañe & Asociados. Este experto ha contabilizado 225 noticias que El Confidencial ha publicado sobre Iberdrola hasta noviembre del pasado año 2021. Esta cifra equivale a una frecuencia de 75 informaciones anuales sobre Iberdrola en relación con el caso Cenyt, según precisa la nota de prensa de la multinacional, que a continuación cita una frase textual del informe pericial de Villafañe: “Se trata de más noticias que las de todos los demás medios de mayor relevancia juntos, tales como Expansión, El Periódico, Público, El Español, El País, La Vanguardia, ABC, El Mundo…”.
“Esa publicación de noticias -continúa el informe pericial de Villafañe- se hace aplicando una técnica de sobreinformación o saturación, pues los períodos de tiempo que median entre cada información son extremadamente cortos”. El documento de este experto considera que son “publicaciones agresivas, tendenciosas e incluso directamente falsas”.
Iberdrola también se ha apoyado en la consultora de comunicación Roman para formular su demanda contra El Confidencial. Esta firma es la que ha identificado 68 noticias (de las 225 publicadas) como «especialmente perjudiciales», según especifica Iberdrola en su comunicado.
Con toda esta información, la firma Álvarez & Marsal es la que cuantifica en 17,5 millones de euros el importe de los daños y perjuicios causados a Iberdrola por la presunta intromisión ilegítima de su derecho fundamental al honor. Para llegar a esta cifra únicamente ha tenido en cuenta 12 de esas publicaciones de El Confidencial que Iberdrola considera como “ejemplos flagrantes de transgresión de la veracidad”.
Editorial de El Confidencial
El Confidencial se ha defendido de estas acusaciones mediante un editorial publicado el pasado fin de semana, en el que el digital señala que el verdadero culpable del problema reputacional que tiene Iberdrola es el propio presidente de la compañía, Ignacio Sánchez Galán, que está imputado por la presunta comisión de tres delitos: cohecho activo, falsedad en documento mercantil —ambos continuados— y contra la intimidad.
En su artículo de opinión, El Confidencial también se refiere al informe pericial que acompaña a la demanda, que tacha de «arbitrario y que desmiente la solvencia profesional de quienes asumen tal encargo, incluso mediando un claro conflicto de intereses». Hasta hace poco, un 35% de las acciones de Villafañe&Asociados estaban en manos de Estudio de Comunicación, agencia de comunicación que ha trabajado durante muchos años con Iberdrola.
También salió en defensa de El Confidencial las asociaciones de periodistas FAPE y APIE, que en un comunicado han defendido «el derecho fundamental de información partiendo del presupuesto de que la información de este medio digital es veraz».
