EFE ha agravado su situación financiera en 2023, con Gabriela Cañas como presidenta hasta que fue cesada a finales del año pasado. Le sustituyó el ex secretario de Estado de Comunicación Miguel Ángel Oliver, cuya gestión podrá conocerse ya en los resultados de este 2024.
La entidad elevó sus pérdidas hasta los 17,97 millones de euros el pasado ejercicio, frente a los números rojos de 14 millones registrados en 2022.
Este empeoramiento empresarial en EFE se debe fundamentalmente al aumento de los gastos de personal, que fueron de 73,8 millones de euros, un 6,5% más que en 2022. Y eso que la plantilla se redujo el año pasado hasta los 1.107 empleados (17 menos que en 2022).
EFE explica que el año pasado se produjeron revisiones salariales, tanto en su plantilla en España como en varios países donde esta presente. La remuneración media fue el año pasado de 59.374 euros anuales de los trabajadores en España y la ex presidenta recibió más de 150.000 euros.
Además, hay que contabilizar otros 6 millones de euros que EFE gasta al año en colaboradores y corresponsales.
Los gastos de explotación sí se mantuvieron estables, en los 30 millones de euros.
También hubo un aumento notable de los gastos financieros, que fueron de 2,8 millones de euros en 2023, frente a los 711.000 euros de 2022.
Ingresos estancados
Los ingresos se mantuvieron estancados el año pasado en los 86,7 millones de euros el año pasado. De esa cantidad, la mayoría procede de la compensación por servicio público que le entrega el Estado y que ascendió a 54 millones de euros (misma cantidad que en el 2022).
El resto –30 millones de euros– procede de la prestación de servicios de agencia de noticias. La parte que más ingresos proporciona son los teletipos de la sección España (8,2 millones de euros), material gráfico (6,2 millones), teletipos de Internacional (4,9 millones), vídeos (4 millones) y contenidos digitales (2,7 millones).
Debido a las pérdidas reiteradas en los últimos ejercicios, EFE tiene un patrimonio negativo de 16 millones de euros. Pero la agencia asegura no estar en causa de disolución porque, entre otras cosas, el Estado le inyectó el año pasado 25,7 millones de euros.
