La Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia (CNMC) da su visto bueno al Anteproyecto de Ley Orgánica que regula el derecho al secreto de los profesionales de la información, aunque recomienda notables puntualizaciones en su articulado.
El regulador y supervisor determina en su dictamen solicitado por el Ministerio de la Presidencia la existencia de aspectos «susceptibles de mejora» de la futura norma, que pretende cubrir una histórica laguna legal, ya que el secreto profesional en la prensa carece de ley, pese a su reconocimiento en la Constitución Española. La aprobación del Reglamento Europea sobre la Libertad de los Medios de Comunicación (EMFA) en 2024 insta al Gobierno a acelerar esta aprobación.
El organismo pide que los creadores de contenido también figuren en la ley como prestadores de servicios de medios de comunicación.
El organismo que preside Cani Fernández aconseja al Gobierno puntualizar que la información a la que se refiere la ley debe tener carácter «veraz». También sugiere revisar las definiciones de “profesionales de la información”, “servicio de medios de comunicación” y “prestador de servicios de medios”, para alinearlas de forma más precisa con las recogidas en la normativa europea y evitar posibles discriminaciones entre operadores.
Aboga por incluir entre los sujetos a los denominados usuarios de especial relevancia —como influencers, vloggers o creadores de contenido profesional— dentro de la categoría de prestadores de servicios de medios de comunicación, dado que compiten directamente con los medios tradicionales por audiencia e ingresos publicitarios.
El informe también pide aclarar los límites a la vigilancia intrusiva sobre periodistas y medios, para evitar interpretaciones que permitan interceptar comunicaciones en investigaciones de delitos de terceros ajenos al ejercicio profesional, y advierte de divergencias entre el anteproyecto y el reglamento europeo en materia de tutela judicial efectiva y autorregulación. En este punto, la CNMC plantea que se concreten las autoridades competentes encargadas de facilitar los mecanismos de autorregulación y no descarta asumir ese papel, siempre que se ajusten antes sus competencias en la normativa que la regula.
Más allá de las matizaciones, Competencia subraya la importancia de esta protección como garantía esencial de la libertad de información, del pluralismo democrático y de la formación de una opinión pública libre; y destaca que la confidencialidad de las fuentes resulta clave tanto para el ejercicio responsable del periodismo como para el buen funcionamiento del mercado de los medios.
Bloqueo parlamentario
La regulación del secreto profesional da un paso más, aunque con un incierto horizonte parlamentario, que pone entre las cuerdas su aprobación definitiva en las Cortes. Fuentes del sector aseguran que el Grupo Popular ha adelantado su rechazo a esta normativa, aunque oficialmente desde la formación prefieren no confirmarlo hasta su remisión al Congreso. Todo ello, en un contexto en el que, además, Junts ha anunciado su intención de paralizar iniciativas impulsadas desde el Gobierno.
