Ajustar el nivel regulatorio allí donde se plantea el problema. Es el propósito desde el que se trabaja en Bruselas para sacar adelante el Reglamento del Parlamento Europeo y del Consejo relativo a un mercado único de servicios digitales, también conocido como Digital Services Act (DSA). Se trata de un paquete normativo con el que se pretende establecer nuevas reglas para el mundo virtual, incluyendo redes sociales, webs y plataformas online que operen en la Unión Europea.
Para tratar de arrojar luz sobre este asunto, en el que se entremezclan las obligaciones de plataformas como Youtube o Facebook con los derechos de los usuarios, la firma de asesoría FTI Consulting reunió a varios expertos en la materia para debatir sobre una normativa que rediseñará la manera en la que la sociedad se comunicará durante las próximas décadas.
El debate más sensible surge en torno al papel que deben jugar las plataformas a la hora de eliminar y evitar la propagación de determinados contenidos y de hacer frente a la desinformación. «La inmensa mayoría de contenidos que se retira hoy de las plataformas no se hace sobre la ley, sino sobre la base de normas privadas de los términos y contenidos de estos prestadores de servicio. No es relevante si es ilegal, sino si viola los términos y condiciones», afirmó al inicio del coloquio Irene Roche, jefa de unidad adjunto de la Unidad de Servicios Digitales y Plataformas y profesora visitante en El Colegio de Europa.
Dejar que las plataformas tomen esta iniciativa «supone un riesgo al estado de derecho»
Según esta experta, dejar que las plataformas tomen esta iniciativa «supone un riesgo al estado de derecho», porque «una cosa es regular a las plataformas y otra a los usuarios. Razón por la cual defiende el desarrollo de una ley que busca «sustituir las normas nacionales por un conjunto de normas que dé una respuesta común a todos los problemas creados por la moderación unilateral de los contenidos».
María Ángeles Marra, portavoz del Grupo Socialista en la Comisión de Asuntos Económicos y Transformación Digital del Congreso de los Diputados, afirmó que regular los derechos frente a los contenidos digitales en redes sociales es una de las cuestiones más trascendentes en este momento. Sobre todo cuando se hace de la mano de la Unión Europea, como es el caso. «No podemos permitir que las plataformas tengan libertad absoluta para poder determinar qué contenidos o no se deben eliminar. Debemos medir que lo que se está valorando es el que se puedan mantener determinados derechos».
En su opinión, esta regulación de contenido ilegal debe hacerse por las administraciones públicas y por los jueces, de la misma manera que se hace en la vida real. «Lo que es ilegal en la vida real debe serlo en la vida digital». Idea esta última en la que ahondó Adrián Vázquez, miembro del Comité de Asuntos Legales en el Parlamento Europeo, al señalar que los legisladores deben promover con sus medidas un papel activo por parte de las plataformas para que actúen en primera línea de defensa.
«Con la DSA los prestadores de servicios deben publicar informes en los que se detallen actuaciones para detectar contenidos ilícitos y que vulneren los derechos. Además, es importante analizar que deberán incluir relativa a tres acciones: primero, al número de litigios derivados de la eliminación de contenidos o cuentas; segundo, el número de medidas adoptadas respecto al uso indebido y, tercero, los usos automáticos en la moderación», aseveró Vázquez.
Establecer mecanismos de notificación y acción facilitaría la labor de las plataformas y, al mismo tiempo, delimitaría sus obligaciones de actuación. Por ejemplo, les obligaría a retirar en un periodo razonable enlaces que vulneren derechos de propiedad intelectual, como las retransmisiones piratas de eventos deportivos. Un aspecto a destacar teniendo en cuenta que «los contenidos que se vierten en el mundo online cada vez tienen más efectos reales», apuntó Marra.
No obstante, Vázquez aboga por dejar claros los límites de los usuarios en su comportamiento virtual. «El problema viene cuando hay una calumnia o una amenaza que no es tan evidente o no está tipificada, porque los códigos penales no están armonizados. El gran reto está en definir qué es un delito de odio y es muy complicado que tanto los legisladores como la sociedad lleguemos a un punto común.
Sobre esta responsabilidad individual, concluyó manifestando que debe ser la misma que en la vida offline. Ahí están las zonas grises más difíciles de dirimir, pero también tiene que ser un ejercicio pedagógico desde las instituciones y hacer entender a los usuarios que si se dedican a hostigar en la vida online puede traer consecuencias en su vida real».
