En los últimos tiempos, han saltado a los medios varios casos de corrupción en los que han intervenido -con mayor o menor importancia- agencias de publicidad, ya sea en España o en otras partes del mundo. Casi todos los grandes grupos publicitarios multinacionales están implicados en este tipo de casos, muchos de ellos todavía en los juzgados bajo investigación.
El último en aparecer atañe al grupo Havas. Vincent Bolloré, ex presidente de Vivendi -máxima accionista del grupo publicitario francés-, fue detenido hace unos días en el país vecino por, presuntamente, ofrecer los servicios de la agencia a mandatarios de Togo y Guinea a precios por debajo del mercado a cambio de conseguir contratos a favor del grupo Bolloré en los puertos de esos países africanos. En el marco de esta operación, también fue arrestado Jean-Philippe Dorent, jefe de las Operaciones Internacionales del grupo Havas.
Muy pocos días antes de que esto ocurriera, la empresa publicitaria más grande del mundo -WPP- inició una investigación contra su histórico CEO y fundador, Martin Sorrell, por presunta «malversación de fondos». La investigación, ya terminada, desencadenó en la dimisión del directivo, de 73 años.
Otro de los grandes grupos publicitarios multinacionales es Dentsu, que también se ha visto implicado en algunos escándalos en los último tiempos. A finales de 2016, varios de sus principales clientes -entre ellos, Toyota- se quejaron de que su proveedor publicitario les habría cobrado de más. Una investigación de la propia compañía concluyó que, en efecto, había habido irregularidades en al menos 40 casos en Japón. En esas operaciones fraudulentas, Dentsu insertó menos anuncios digitales que los ordenados por contrato. En total, el fraude alcanzó el millón de euros. Tras destaparse este escándalo, se produjo la dimisión del presidente del grupo, Tadashi Ishii.
Poco antes de ello, la Asociación Nacional de Anunciantes (ANA) de Estados Unidos emitió un informe en el que venía a decir que los descuentos entre agencias y medios de comunicación y “otras prácticas no transparentes” estaban generalizadas en la industria publicitaria estadounidense. Esta organización encontró una serie de casos fraudulentos en los que los descuentos retornados a la agencia representaron el 1,67% y el 20% de la compra total de espacios publicitarios en medios de comunicación. Eso sí, el polémico informe no citaba a ninguna compañía, dejando el halo de sospecha en todas ellas.
Caso Bankia y Operación Púnica
En España, el más sonado es el caso Bankia, en el que la Audiencia de Madrid está investigando desde el año 2015 si la entidad financiera adjudicó los contratos publicitarios de su salida a Bolsa a Publicis y a Zenith (ambas del grupo Publicis) a cambio de una comisión fraudulenta, en el que el beneficiario sería Rodrigo Rato. En esta causa están imputados Miguel Ángel Furones, ex presidente de Publicis Comunicación; Xavier Olázabal, presidente de Publicis España, Fernando Rodríguez, CEO de Publicis Media; y Candi Rodríguez, ex directora general de Zenith.
También había agencias de publicidad implicadas en la trama de financiación ilegal del Partido Popular conocida como Operación Púnica. Entre ellas estaba Carat (Dentsu), compañía que tenía encargada la gestión de la publicidad exterior de la Comunidad de Madrid. Según publicó El Confidencial, el PP habría dispuesto de fondos que salieron del desvío de subvenciones de la Administración o donaciones ilegales a cambio de contratos publicitarios.
Otra de las agencias implicadas recientemente en un caso de corrupción ha sido Bassat Ogilvy, involucrada en el caso Acuamed. Según ABC, varias empresas constructoras a las que el Ministerio de Sanidad -en manos de Cristina Narbona (PSOE)- contrató para construir una serie de desaladoras tuvieron que abonar en 2007 a la firma publicitaria cantidades económicas para sufragar campañas publicitarias.
En mayo del año pasado, fue detenido en Ucrania un fugitivo italiano -Giuseppe Donaldo Nicosia- que se valió de una empresa de publicidad radicada en Bilbao -Tomé Publicidad- para defraudar al Fisco más de 48 millones de euros. Según las autoridades italianas, Nicosia se dedicaba a comprar y vender espacios publicitarios en Europa a empresas bajo su control para, después, realizar operaciones fraudulentas de IVA.
