Los creadores de la histórica serie Aquí no hay quien viva tienen previsto demandar a Atresmedia, al considerar que el grupo de comunicación ha explotado la serie de forma «indebida, no consentida y excesiva», más allá de lo previsto en los contratos originales firmados con la productora Miramón Medi, extinguida en 2009.
El Juzgado de lo Mercantil nº 18 de Madrid ha admitido la práctica de diligencias preliminares solicitadas por tres guionistas de la serie —los hermanos Alberto y Laura Caballero, junto a Iñaki Ariztimuño—, quienes reclaman a Atresmedia información detallada sobre todas las formas de explotación de la obra desde 2003 hasta la actualidad.
En su petición, los autores reclaman detalles de todos los modos de explotación de la serie —presentes y futuros—, los ingresos generados por cualquier vía comercial, cualquier otra remuneración obtenida por la explotación y la identidad de todos los terceros a los que Atresmedia haya cedido derechos de explotación. El juzgado ya había accedido inicialmente a estas diligencias en un auto de verano de 2024, decisión frente a la que Atresmedia formuló oposición.
Los creadores de la serie, los hermanos Caballero e Iñaki Ariztimuño, sostienen que Atresmedia ha explotado la serie de forma «excesiva» e «indebida».
Atresmedia argumenta que los solicitantes carecen de interés legítimo, al tratarse de una obra colectiva cuyos derechos de explotación ostenta totalmente. También explica que la cesión a Miramón Mendi no era limitada, que no se ha acreditado lo contrario y que, en cualquier caso, la obligación de información prevista legalmente —en el art. 75 del RD-ley 24/2021— no le sería aplicable.
Además, alega prescripción, falta de justa causa, mala fe en la solicitud, y que la petición sería “excesiva y desproporcionada”. También pidió elevar la caución a más de 290.000 euros.
En su impugnación, los guionistas insistieron en que dicha normativa obliga a los cesionarios siguientes —como Atresmedia— a suministrar información anual sobre las explotaciones de la obra. Añaden que la documentación aportada por la empresa es incompleta y que la existencia o no de cesión total, así como la eventual prescripción, son cuestiones de fondo que deben resolverse en un procedimiento posterior. También sostienen que las nuevas modalidades de explotación —como el streaming— no existían cuando se firmaron los contratos originales.
