La ovacionada vuelta del Grand Prix, el mítico concurso conducido por Ramón García que este verano ha disparado las audiencias en TVE, sigue arrastrando en su balance la polémica en torno a su oferta comercial de patrocinios.
Esta semana la Comisión Nacional del Mercado de la Competencia (CNMC) ha iniciado el procedimiento sancionador contra RTVE, activado por la denuncia presentada por la Unión de Televisiones Comerciales en Abierto (UTECA) en vísperas del estreno del concurso.
UTECA, organización integrada por Atresmedia, DKiss, Net TV, Real Madrid TV, Ten, Trece y Veo TV, defiende que las condiciones de la oferta comercial de RTVE a través de este programa incumplía la ley 8/2019 de financiación de la Corporación, que contempla la prohibición de emisión de publicidad en la cadena pública.
Esta normativa sólo permite, excepcionalmente, la emisión de patrocinios de programas en general y, para los programas culturales, también de spots y patrocinios de autopromociones. La unión de televisiones privadas argumenta que RTVE emitió estas modalidades comerciales en un programa de entretenimiento y que incumplía condiciones para ser considerado cultural. La posición de RTVE es que «la cultura tiene muchos canales de difusión y uno de los principales es el del entretenimiento».
El organismo regulador desestimó en agosto la petición de UTECA de suspender provisionalmente la venta de espacios publicitarios.
La denuncia presentada por UTECA a principios de julio también incluía la petición de la suspensión provisional de la venta de los espacios publicitarios del programa, como medida cautelar, en la cuenta atrás al estreno. Una petición que la CNMC acabó desestimando al considerar que «no se entiende acreditada la apariencia de buen derecho suficiente de adoptar las medidas provisionales solicitadas por UTECA».
A lo largo de sus siete programas, RTVE emitió 3 caretas compartidas, 18 autopromociones patrocinadas y 2 spots en este programa que ha costado a la radiotelevisión pública 3,8 millones de euros, y llegó a congregar a más de 2,5 millones de espectadores en su estreno.
La CNMC ha dado luz verde a la apertura del expediente sancionador —acuerdo de incoación—, cuyo plazo de resolución se prevé que culmine en unos tres meses, según estiman desde el organismo regulador.
