Persuade Comunicación se ha extinguido después de declararse en concurso de acreedores a principios de este año. Es la primera agencia de medios relevante que desaparece tras la gran crisis que ha padecido el sector durante la pandemia, que provocó el desplome de la inversión publicitaria en un 17% de un año para otro.
Ello produjo un golpe importante a la facturación de la inmensa mayoría de las agencias de medios en España, pero todas ellas han logrado mal que bien sobrevivir a la situación. Excepto Persuade Comunicación, aunque en su caso el origen de su desaparición se encuentra en sus problemas con la Justicia.
Recientemente, el Juzgado de lo Mercantil nº 6 de Madrid ha dictado su extinción tras concluir el concurso de acreedores iniciado en junio. Este proceso ha finalizado por la inexsistencia de bienes.
Persuade Comunicación era una agencia de medios dedicada básicamente a gestionar campañas públicas. Llegó a ganar contratos muy importantes, como el de la Agencia Tributaria (6,7 millones de euros), IDAE (5,4 millones) o la DGT (1,2 millones).
Todas estas cuentas las consiguió gracias a formar parte durante la década pasada del Acuerdo Marco Publicitario, que es el cauce que tiene la Administración General del Estado para contratar sus campañas institucionales. Varias de las agencias de medios incluidas en ese Acuerdo Marco -Persuade Comunicación entre ellas- fueron sancionadas por la CNMC por repartirse las campañas del Estado. En concreto, Persuade fue multada con 495.000 euros y su CEO, Giacomo Pullara, con 40.000 euros.
En el transcurso de esta investigación, la CNMC descubrió una posible estafa de Persuade Comunicación en dos campañas públicas difundidas en 2015: una para el Ministerio de Presidencia y otra de la Agencia Tributaria. La información recabada fue trasladada a la Fiscalía de Madrid, que incluso pidió penas de cárcel para los gestores de la agencia Antonio Vega Font y Giacomo José Pullara. Básicamente, se acusaba a la agencia de no comprar la totalidad de los espacios publicitarios pactados con el anunciante para quedarse con esos fondos.
Como consecuencia de ello, la Audiencia Provincial de Madrid condenó a los dos directivos con una pena de 2 años de prisión y 8 meses de multa con cuota de 6 euros diarios.
