El Ministerio de Derechos Sociales, Consumo y Agenda 2030 que dirige Pablo Bustinduy (Sumar) quiere prohibir la publicidad de los combustibles fósiles, de los vuelos cortos siempre que haya otra alternativa más sostenible y también de los vehículos propulsados exclusivamente por combustibles fósiles.
Así queda reflejado en el Anteproyecto de Ley de Consumo Sostenible, que fue aprobado la semana pasada por el Consejo de Ministros.
Uno de los sectores más afectados por esta normativa es el de la automoción, que es uno de los más intensivos en publicidad en España.
El Anteproyecto de Ley, que ha sido analizado por DIRCOMFIDENCIAL, refleja que el sector del automóvil empleó 353 millones de euros en publicidad en nuestro país, según los datos aportados por Infoadex.
El Ministerio de Derechos Sociales, Consumo y Agenda 2030 se apoya también en el estudio difundido el año pasado La sostenibilidad como valor de marca en la publicidad automotriz de España (Bonales-Daimiel, G., Giraldo-Dávila, A. y Gil-Jerez, M), muestra que la publicidad de vehículos alternativos (eléctricos, híbridos o de gas) ya representa el 45 % del total de la inversión publicitaria, frente al 55% que aún impulsa modelos de combustión fósil. Los autores del estudio llegan a esta conclusión tras analizar 1.438 creatividades digitales del sector de la automoción.
El 55% de los anuncios del sector del automóvil sirve para promocionar modelos de combustión fósil, según un estudio en el que se apoya el Gobierno.
Así pues, el Ministerio asume en el Anteproyecto de Ley que el impacto de la prohibición de la publicidad de vehículos propulsados exclusivamente por combustibles fósiles estará en torno a los 194 millones de euros.
No obstante, el Gobierno matiza que tendrá la nueva normativa tendrá un «efecto de arrastre positivo al incentivar a las marcas a promocionar productos más sostenibles (coches eléctricos, biocombustibles, etc.)». De igual modo, el texto sostiene que «es previsible un cambio estructural en el mercado publicitario, debiendo adaptarse las agencias creativas, medios y espacios publicitarios».
Sin impacto en otros sectores
El Ministerio descarta asimismo que la futura Ley de Consumo Sostenible tenga impacto en los sectores que comercializan directamente productos del gas o del petróleo, por cuanto la inversión publicitaria en esos casos se centra en imagen de marca o incluso en productos sostenibles novedosos, no en combustibles directamente ya estables en el mercado.
Al margen de todo ello, el Ministerio de Consumo regulará también la que denomina como ‘publicidad del miedo’. Este tipo de publicidad basa su efectividad según el Gobierno en «presentar escenarios extremos o improbables, como robos violentos o vulnerabilidades catastróficas, con el propósito de generar una sensación de urgencia o vulnerabilidad en las personas».
El Ministerio quiere que la promoción de servicios se centre en ofrecer una «información objetiva», donde «destaquen los beneficios reales sin necesidad de apelar a tácticas de manipulación emociona». Por ello, la ley obligará a que estas comunicaciones comerciales vayan acompañadas de información cuantitativa o estadística que permita a las personas consumidoras hacer una valoración real del riesgo. El Ministerio se refiere aquí fundamentalmente a los anuncios que emiten las empresas de alarmas.
Combatir el ecopostureo
La norma que impulsa el ministerio que lidera Pablo Bustinduy busca también combatir el ‘ecopostureo’ o ‘greenwashing’. Estos términos hacen referencia a las técnicas de comunicación engañosas o alegaciones medioambientales que son usadas por parte de algunas empresas para publicitar sus productos o servicios como sostenibles sin que esas supuestas cualidades tengan un respaldo científico.
Para limitar esta práctica, la ley prohibirá que las empresas realicen afirmaciones genéricas y no comprobables sobre la sostenibilidad de sus productos o en su etiquetado.
Entre los ejemplos de afirmaciones medioambientales genéricas que se van a prohibir se incluyen: “respetuoso con el medio ambiente”, “amigo del medio ambiente”, “verde”, “biodegradable” y otras declaraciones similares.
El texto del anteproyecto entra ahora en fase de audiencia e información pública, con el objetivo de recoger aportaciones y enriquecer la ley. Tras ello, el texto volverá a ser debatido en el Consejo de Ministros y enviado al Congreso para su aprobación.
