Casi un año después de que fallara que Google ha venido ejerciendo un monopolio en búsquedas, el juez Amit Mehta ha decidido medidas correctoras en línea con lo esperado. Eso supone que no ha atendido la petición del Departamento de Justicia del Gobierno de EEUU de forzar la venta de Chrome o Android pero sí obliga a la compañía a facilitar información a rivales y le prohíbe cerrar acuerdos exclusivos de preinstalación con fabricantes.
En base a lo primero, Google deberá compartir ciertos datos vinculados a búsquedas e interacción de los usuarios con lo que el magistrado ha denominado «competidores cualificados». Y deberá ofrecerles servicios de sindicación de búsqueda y anuncios de texto relacionados en términos comerciales para que puedan crear ofertas competitivas.
El juez consideró en su fallo que el monopolio de Google en búsquedas condujo a su vez a una situación de ausencia de competencia en la publicidad asociada. Y por ello establece que el gigante tecnológico tendrá que revelar cualquier cambio sobre su sistema de pujas, de forma que no pueda manipular los precios a su favor frente a sus rivales y haya transparencia en cómo se fijan.
El juez Mehta ha descartado finalmente prohibir a la compañía que pague a terceros por predefinir su buscador por los efectos perniciosos que podría causar.
Ese es el tipo de medidas que en el sector se daba casi por seguro. Lo que muchos también adelantaban es que Google no podría pagar a grandes fabricantes de aparatos por mantener un acuerdo de preinstalación exclusiva de su buscador o cualquier otra aplicación que ayude a alimentarlo. Pero el juez ha valorado los posibles efectos negativos de esa medida y ha renunciado a ella para centrar el veto en pactos de exclusividad.
Eso significa en principio que Apple salva un negocio de más de 20.000 millones de dólares al año gracias a la preinstalación del buscador de Google en sus dispositivos. Pero sobre todo beneficia a Mozilla, que obtiene gran parte de su financiación para mantener el navegador Firefox de otro acuerdo similar. Otros fabricantes que utilizan el sistema operativo Android como Samsung también verían a salvo esos pagos.
La decisión de Mehta no es definitiva y está previsto que el 10 de septiembre hable sobre ella con las partes afectadas. Una vez sea firme, se creará un comité técnico que se ocupará de que se cumpla durante seis años, plazo que se iniciará 60 días después de la publicación de la resolución.
Ahora queda por ver si Google apela la sentencia más relevante en términos antimonopolio en EEUU desde el caso del Departamento de Justicia contra Microsoft, hace 25 años. Si lo hiciera, podría llevar el caso hasta el Tribunal Supremo.
