El impacto del coronavirus provoca nuevas consecuencias en el ámbito de las empresas de comunicación. En concreto para aquellas que editan publicaciones en catalán, las cuales se ven doblemente afectadas por la alteración en el funcionamiento habitual del Gobierno de la Generalitat.
Al aluvión de campañas publicitarias (públicas y privadas) y eventos regionales cancelados en las últimas semanas, que ya está teniendo un impacto dramático entre los medios afectados, cabe sumar un nuevo revés. Y es que la paralización de la actividad de gran parte de los funcionarios de la Generalitat obliga a suspender la convocatoria de ayudas para la prensa que utiliza el catalán o el aranés hasta nuevo aviso.
Según la información confirmada por este medio, la publicación de las bases reguladoras de las subvenciones estructurales correspondientes a 2020 para los medios impresos y digitales estaba prevista para el pasado viernes, 13 de marzo. Ayudas que en los últimos años han rondado de media los 7 millones de euros, de los que algo más de dos tercios fueron destinados a la prensa de papel en 2019.
Sin embargo, la notificación que recibieron los medios el día de autos por parte de la Dirección General de Medios de Comunicación de la Generalitat fue que sus trabajadores no están preparados para teletrabajar. Por tanto, la operatividad será la mínima durante la situación de estado de alarma.
La noticia ha caído como un jarro de agua fría entre los medios que optaban al reparto, puesto que para muchos estas ayudas representan un sustento principal para su facturación. Sobre todo porque el hecho de tratarse de un periodo indeterminado siembra de incertidumbre sobre su tramitación. Y más importante todavía, sobre su desembolso, que por lo general suele efectuarse durante el tercer trimestre.
Al no haberse abierto siquiera la convocatoria, se desconocen los detalles. Por lo pronto, es de suponer que el peso del digital seguirá siendo inferior al del papel, si bien la diferencia ha ido reduciéndose con los años. Una de las novedades que figuraba en las últimas bases fue la utilización de subdominios por parte de las empresas, opción que antes de 2019 estaba prohibida.
