Hacer lobby para que se apruebe una ley que regula el lobby. Puede sonar contradictorio, pero en realidad es un gesto de coherencia y de madurez democrática. Significa reconocer que la interlocución entre el sector público y el sector privado no puede seguir funcionando sin reglas claras, y que dotarnos de un marco normativo transparente y exigente es bueno no solo para quienes ejercen esta actividad, sino sobre todo para la calidad de nuestras instituciones.
En las próximas semanas, el Parlamento debatirá y votará el proyecto de ley de transparencia e integridad de las actividades de los grupos de interés. España llega tarde a esta cita: otras democracias europeas y occidentales han entendido desde hace años que el diálogo entre decisores públicos y grupos de interés forma parte de la vida democrática y debe estar regulado con transparencia. Nosotros hemos ensayado varios intentos que no llegaron a culminar. Esta vez tenemos la oportunidad de dar el paso y no conviene desaprovecharla.
Regular el lobby no es abrir la puerta a privilegios, sino precisamente cerrársela a la opacidad. La ley establece condiciones claras, limita zonas grises y asegura que la interacción entre poderes públicos y grupos de interés sea trazable, visible y sujeta al escrutinio ciudadano. En otras palabras: convierte una práctica que ya existe en una práctica ordenada, ética y transparente.
«Regular el lobby no es abrir la puerta a privilegios, sino precisamente cerrársela a la opacidad».
Que los propios lobistas defendamos esta norma y pidamos abiertamente su aprobación urgente no es un acto de interés corporativo, sino una muestra de compromiso con el interés general. Es evidente que el texto se puede perfeccionar, como toda ley. Pero incluso con sus márgenes de mejora, es un avance decisivo: introduce más luz en la vida pública, refuerza la igualdad de condiciones, amplía la participación y aporta eficiencia administrativa. En definitiva, establece las reglas del juego para que la relación entre lo público y lo privado se fortalezca en vez de debilitarse.
Conviene recordar también que el lobby no es un problema en sí mismo. Bien ejercido, es una herramienta útil para la democracia. Los profesionales que se dedican a esta labor aportan datos, conocimiento y experiencia práctica que ayudan a que las políticas públicas sean más realistas y más efectivas. Reconocer esa función y, al mismo tiempo, exigir transparencia y responsabilidad, es lo que corresponde a una democracia madura.
En las próximas semanas, los diputados tendrán en sus manos la oportunidad de aprobar una ley que no es solo del sector, sino del conjunto de la sociedad. Aprobarla enviará un mensaje de confianza, de apertura y de transparencia. Será un paso necesario para situar a España al nivel de las mejores prácticas internacionales y para reforzar la credibilidad de nuestras instituciones.
Sí, resulta paradójico hacer lobby por una ley que regula el lobby. Pero es la mejor prueba de que creemos en ella. Porque lo que está en juego no es un interés particular, sino la calidad de nuestra democracia.
Por Carlos Ruiz Mateos, director general adjunto de Acento.
