El Reglamento Europeo sobre la Libertad de los Medios de Comunicación (EMFA, por sus siglas en inglés) inicia su fase decisiva. Desde este viernes, los 27 Estados miembros de la UE están obligados a aplicar la normativa que pretende, según indica, proteger la independencia editorial y las fuentes periodísticas, o aumentar la transparencia societaria de las empresas informativas.
La principal finalidad del Reglamento es armonizar las normas estatales sobre libertad y pluralismo de los medios de comunicación. Sus ejes centrales son garantizar que los ciudadanos tengan acceso a una amplia y diversa oferta informativa (art. 3); proteger la independencia editorial frente a injerencias externas (art. 4.2), o la promoción de la transparencia sobre aportaciones estatales y la propiedad de los medios de comunicación (art. 6.2).
La normativa ensalza la función social que cumple el periodismo riguroso y de calidad como combatientes de los bulos. “Son un antídoto contra la desinformación y la manipulación de información e injerencia por parte de agentes extranjeros”, por lo que “debe garantizarse el acceso a estos servicios evitando los intentos de silenciar a los periodistas, que van desde las amenazas y el acoso hasta la censura y la supresión de opiniones discrepantes, lo que podría limitar la libre circulación de información hacia la esfera pública reduciendo la calidad y la pluralidad de la información”.
El Gobierno de España acaba de aprobar la remisión al Congreso de la adaptación del Reglamento.
El Reglamento, ya de obligado cumplimiento, también impone nuevas trabas a las injerencias de los Estados a través de ayudas o publicidad institucional. El legislador comunitario determina que la asignación de fondos públicos deben concederse con “criterios transparentes, objetivos, proporcionados y no discriminatorios”, velando por su distribución a “una amplia pluralidad de prestadores”, y con la obligación de publicar anualmente información detallada sobre el mismo.
Los Veintisiete han ido avanzando en los últimos meses en sus adaptaciones del Reglamento. En España, el último gran paso se dio la semana pasada cuando el Consejo de Ministros anunció la aprobación definitiva para su remisión a las Cortes del Proyecto de Ley Para la Mejora de la Gobernanza Democrática en Servicios Digitales y Ordenación de los Medios de Comunicación, donde abarca tanto la regulación europea de medios como de las empresas tecnológicas.
La adaptación española de la norma jurídica ha sido objeto de críticas en el plano político y mediático, en un contexto en el que miembros del Ejecutivo, incluido el presidente, calificaran de «máquina de fango» o «pseudomedios» a aquellos medios que han publicado exclusivas periodísticas sobre escándalos en el seno del Gobierno y del entorno íntimo de Pedro Sánchez.
La medida más controvertida de la adaptación española ha sido el encargo a la Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia (CNMC) la misión de supervisar y sancionar a los medios de comunicación que no se inscriban en un registro público de medios o no cumplimenten íntegramente sus datos societarios, como el de propietarios, sede social o accionistas.
El órgano regulador ya está aplicando ajustes organizativos para asumir esta nueva función, que a juicio de principales organizaciones de periodistas, como la Asociación de la Prensa de Madrid, APM, o la patronal de las revistas, ARI, debería haberse delegado a otras organizaciones más especializadas y estrictamente independientes.
Sanciones
Los medios de comunicación ya quedan sujetos a un rígido régimen sancionador por incumplimiento. Las multas por infracciones graves pueden alcanzar los 100.000 euros para la prensa y radio, y hasta los 750.000 euros para televisiones. Las sanciones más elevadas, las correspondientes a las infracciones muy graves, pueden llegar a los 200.000 euros para prensa y radio, y el millón y medio de euros para las televisiones.
