El polémico proceso de oposiciones de Radiotelevisión Española (RTVE) se tropieza con el enésimo obstáculo. Ahora, el Tribunal Supremo considera que la corporación pública no está cumpliendo con el requisito de las plazas mínimas reservadas a personas con discapacidad, ubicado en el 7%, de acuerdo a la Ley del Estatuto Básico del Empleado Público (EBEP). Esto significa que RTVE debería haber reservado 76 plazas de las 1082 convocadas.
Sin embargo, RTVE para fijar este umbral mínimo se ha basado en la Ley General de Discapacidad, que lo determina en un 2% (lo que se traduce en 22 plazas). La jurisprudencia del alto tribunal concluye que en situaciones como esta, en la que se enfrentan dos criterios legales, debe prevalecer el más favorable que, en este caso es el fijado por la EBEP.
El alto tribunal asegura que «resulta evidente» que RTVE no ha cumplido con el mínimo legal de plazas para estas personas.
El Supremo ha estimado el recurso de casación interpuesto por CGT contra una sentencia de la Audiencia Nacional, concluyendo que «resulta evidente» que RTVE no ha cumplido con esa obligación legal. Este nuevo fallo abre la puerta a que personas con discapacidad tengan una nueva oportunidad de optar a una plaza.
La controversia sobre el proceso de oposiciones, el primero desde 2007, sigue siendo objeto de debate tanto en el consejo de administración de la radiotelevisión pública como en el Parlamento, después de la filtración de las preguntas del examen para el puesto de informador que derivó en la cancelación del mismo a pocos minutos del inicio y un detenido, además de una segunda filtración para la prueba de cámara hace unas semanas.
