Global Alconaba, accionista significativo de PRISA con más del 7% del capital, ha informado mediante un comunicado que ha presentado ante los Juzgados de lo Mercantil de Madrid una demanda de impugnación contra los acuerdos adoptados por el Consejo de Administración de Prisa en su sesión del 25 de marzo de 2025.
En ese Consejo se aprobó una nueva ampliación de capital express de 40 millones de euros, con la peculiaridad de que no otorgaba derecho de suscripción preferente a sus accionistas. Es decir, que la operación estaba dirigida sin restricciones a todo el mercado e inversores tanto internos y externos.
En su demanda, Global Alconaba solicita medidas cautelares urgentes para suspender los efectos de dichos acuerdos, al considerar que atentan contra los derechos de los accionistas y vulneran principios esenciales del derecho mercantil y del buen gobierno corporativo.
La demanda desvela -según recoge el comunicado- un «entramado de decisiones adoptadas por el presidente del grupo, Joseph Oughourlian, que habrían tenido como único objetivo asegurar su continuidad al frente de la compañía y mantener el control sin pasar por una oferta pública de adquisición». Recuerdan en la nota de prensa que «la ley exige presentar una OPA por el 100% del capital en caso de tener la intención de efectuar una toma de control efectiva, como de facto esta ocurriendo.
Refinanciación de duda
La demanda también hace referencia a que Prisa ha aprobado una refinanciación de deuda -que asciende a 750 millones de euros- con el fondo PIMCO, con cláusulas que blindan a Oughourlian en la presidencia: si el presidente cesa en su cargo, la empresa debería amortizar anticipadamente más de 240 millones de euros. «Un coste inasumible -señalan desde Global Alconaba- que paralizaría cualquier intento legítimo de renovar la dirección. La refinanciación fue negociada por el propio presidente, en solitario, y sin informar con antelación al Consejo, pese a estar claramente incurso en un conflicto de interés«.
Por otra parte, la demanda también indica que se la ampliación de capital en la que se excluye el derecho de suscripción preferente de los accionistas, «diluye injustificadamente a los socios tradicionales de Prisa y favorece la entrada de inversores elegidos por el propio presidente«. «Esta colocación -continúa el comunicado- se ejecutó en tiempo récord y a un precio inferior al de mercado. La realidad es que Oughourlian y su sociedad Oviedo Holding han acelerado la conversión de bonos en acciones, justo antes de la dilución, evitando así verse afectados por ella. El resto de los accionistas, sin embargo, han visto reducida su participación sin previo aviso, ni posibilidad de reaccionar».
Global Alconaba denuncia que todos estos movimientos suponen una «manipulación inaceptable del funcionamiento de los órganos de gobierno de una sociedad cotizada». La operación se ha orquestado con «opacidad, sin respetar los plazos legales, ni las normas sobre conflictos de interés, y ha excluido deliberadamente a los consejeros críticos del proceso de toma de decisiones», expone el comunicado.
Global Alconaba solicita medidas cautelares urgentes para suspender los efectos de los acuerdos tomados por el Consejo de Administración de Prisa.
El objetivo -insisten desde Global Alconaba- no ha sido otro que «preservar el poder de un único accionista en perjuicio del interés de la organización y del resto de socios, eliminando cualquier posibilidad de control o renovación del liderazgo por parte del Consejo o de la Junta de Accionistas».
Desde Global Alconaba hacen igualmente un llamamiento al mercado y a las autoridades regulatorias para que se analice con detalle lo acontecido en el seno de Prisa. «Esta demanda, no sólo busca defender los derechos de los accionistas de la organización, sino también el principio de igualdad de trato para todos ellos, la transparencia en las empresas cotizadas y el derecho de todos los accionistas de una sociedad a participar en las decisiones fundamentales de una organización».
Resaltan en la nota de prensa que lo que «está realmente en juego no es sólo la gobernanza de una empresa cotizada, sino el respeto a las reglas del mercado en la cuarta economía de la zona euro. Una economía con un marco regulatorio claro que todos los jugadores tienen que respetar».
