El Gobierno de Pedro Sánchez ha iniciado una cruzada contra redes sociales como X y Telegram y sus dueños, a los que ha denominado «tecnoligarcas» y a los que ha dicho que «quiten sus sucias manos de los móviles de nuestros menores». Elon Musk (X) y Pavel Durov (Telegram) también han arremetido contra el presidente del Ejecutivo, al que han llamado «tirano» y «traidor».
Esta confrontación ha surgido después de que Pedro Sánchez anunciara la semana pasada una enmienda al proyecto de ley de protección de menores en espacios digitales que se tramita actualmente en el Congreso. La redacción de ese texto prohíbe que quienes no han cumplido los 16 años se registren en esas plataformas, salvo si cuentan con el permiso expreso de sus padres. Si sale adelante la citada enmienda, la prohibición sería total y su cumplimiento sería garantizado por una herramienta de verificación de edad que ya estaría desarrollada de cara a operar antes de final de año.
Además, Sánchez anunció otras cuatro actuaciones: la creación de un sistema que permita trazar discursos de odio para convertirlos en algo que se pueda medir; cambios legislativos para que los directivos de las plataformas sean responsables de las violaciones que acogen; tipificación como delito de manipulación de algoritmos y amplificación de contenidos ilegales; e investigación de posibles delitos cometidos por inteligencia artificial.
El Gobierno utiliza las redes sociales para difundir sus mensajes políticos y también paga espacios publicitarios para las campañas institucionales.
Este posicionamiento se produce en un contexto en el que realmente las redes sociales son aliadas del Gobierno para difundir sus mensajes. Ya sea mediante las cuentas propias del presidente o los ministros, que tienen actividad permanente. O ya sea incluso pagando espacios publicitarios de estas plataformas para hacer llegar mensajes institucionales a la población.
No en vano, las redes sociales forman parte del plan de medios de casi todas las campañas institucionales que tiene previsto emitir el Ejecutivo este año, como así queda reflejado en el Plan de Comunicación y Publicidad Institucional que se acaba de dar a conocer. Este documento detalla dónde se van a difundir las campañas públicas más importantes y en casi todas ellas tienen un hueco las redes sociales.
De hecho, Moncloa admite que ha invertido 7,7 millones de euros en redes sociales y plataformas digitales (TV conectada, vídeo digital y redes de distribución) en el año 2024 (el último disponible). Es una cantidad superior a la dedicada al conjunto de la prensa digital, que recibió en su totalidad 6,1 millones de euros ese mismo año.
El Confidencial desveló hace dos años el desglose de la publicidad institucional por soporte. En esa información detalló que Google recibió 6,63 millones de euros y Meta 7,23 millones de publicidad institucional entre 2018 y 2023 (más que El País, la COPE o La Sexta). X ingresó en ese periodo 1,29 millones y TikTok, 768.441 euros.
