La Asociación de Profesionales de las Relaciones Institucionales (APRI) junto a otras cuatro organizaciones de la sociedad civil (Access Info Europe, Civio, Hay Derecho y Political Watch) exigen al Gobierno «medidas urgentes» para impulsar la regeneración democrática.
Estas organizaciones manifiestan a través de un comunicado su «enorme preocupación» por la situación calificada de «crisis institucional«, con «un marco de corrupción generalizada y de espaldas a la ciudadanía». Una de las cinco medidas planteadas conjuntamente es regular de forma integral los grupos de interés y reforzar el control de los conflictos de intereses.
Pedro Sánchez se comprometió ayer a aprobar una Ley de Transparencia e integridad de los Grupos de interés.
«España», subrayan, «sigue sin una legislación eficaz sobre lobbies, pese a las reiteradas recomendaciones de organismos como la OCDE o GRECO». «Exigimos una regulación que defina claramente quién es un grupo de interés, establezca un registro público y obligatorio, un código de conducta común, y la trazabilidad de su influencia en las decisiones públicas».
En el comunicado defienden la creación de un régimen sancionador «efectivo» tanto para lobistas como para parlamentarios, y de una Oficina de Conflictos de Intereses independiente para regular y supervisar cuestiones como las puertas giratorias, declaraciones de intereses y la rendición de cuentas de altos cargos.
Maquinaria regulatoria
Precisamente, ayer en su comparecencia parlamentaria, el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, recordó su compromiso a aprobar una Ley de Transparencia e Integridad de los Grupos de Interés. Lo hizo un mes después de que el Congreso debatiera la proposición de Reforma del Reglamento para regular la relación de los lobbies con los parlamentarios, y a la espera de que se apruebe la ansiada ley de lobbies, después de que el Gobierno diera luz verde a su anteproyecto de ley a principios de año.
Las cinco organizaciones que firman el comunicado a favor de la democracia, también piden al Ejecutivo blindar mecanismos contra la corrupción, abrir canales de participación ciudadana o reforzar el papel del Parlamento, entre otros.
