En un contexto marcado por la volatilidad, la polarización y la aceleración de los cambios, la gobernanza corporativa ha pasado a ser un requisito esencial de supervivencia. Ya no basta con asegurar que la organización funcione y esté engrasada: hoy, una buena gobernanza es la brújula que permite a las organizaciones responder y adaptarse a un entorno cambiante en el que el éxito o el fracaso depende, en gran medida, de factores externos.
Las empresas operan en una realidad dominada por riesgos exógenos cuya intensidad y efectos se han multiplicado exponencialmente en el último lustro. Las tensiones geopolíticas reconfiguran cadenas de suministro; la fragmentación política introduce incertidumbre regulatoria; la inflación y los tipos de interés tensionan las decisiones de inversión; y el auge del populismo, amplificado por la desinformación y la inteligencia artificial, moldea percepciones sociales y agendas públicas. En este contexto, los departamentos de Asuntos Públicos se han consolidado como la auténtica “punta de lanza” de la organización. Éstos son los responsables de dotar a la compañía de inteligencia, anticipación y capacidad de interlocución en un escenario donde gobiernos y reguladores son uno de los grupos de stakeholders con mayor impacto en el valor económico de las organizaciones.
Por ello, en Political Intelligence hemos redoblado los esfuerzos para identificar y atajar la matriz de esta área y, con ella, algunos riesgos clave que operan como necesidades básicas de supervivencia para cualquier departamento de asuntos públicos.
La complejidad del departamento
En el escenario actual, las organizaciones se enfrentan a un potencial rechazo social cada vez más sofisticado, multifactorial y difícil de gestionar. El activismo digital o la desinformación, por citar algunos ejemplos, son actores fuertes con capacidad para erosionar la licencia social para operar de las organizaciones, también en sectores que avanzan hacia modelos más sostenibles. A este riesgo se suma la creciente desigualdad en las condiciones de competencia, donde los privilegios estructurales o determinados vínculos políticos generan distorsiones que alteran las reglas del juego. Todo ello ocurre en paralelo a una preocupante falta de anticipación regulatoria, marcada por decisiones políticas súbitas que dificultan cualquier planificación estratégica sólida.
Desde la perspectiva del liderazgo, las compañías deben sortear dos fenómenos que condicionan su posicionamiento público. El primero es el “traje nuevo del emperador”, esto es, la tentación de alinearse sin espíritu crítico con las agendas políticas dominantes por temor al escrutinio social. El segundo es el del CEO activista, cuyo posicionamiento en causas sociales puede reforzar la reputación corporativa, pero también abrir frentes innecesarios con reguladores o exacerbar la polarización entre los distintos grupos de interés.
En el ámbito de la interlocución institucional, muchas organizaciones se encuentran con barreras de acceso -o directamente rechazo- a los espacios de diálogo público‑privado, lo que limita su margen de influencia legítima. La complejidad aumenta ante la presencia de stakeholders con múltiples roles, que obliga a articular una gobernanza clara para evitar solapamientos y contradicciones, así como ante la ausencia de una presencia física suficiente en mercados estratégicos, un elemento clave para leer adecuadamente las dinámicas locales.
«Quienes sepan fortalecer su gobernanza, anticipar riesgos y construir relaciones institucionales sólidas serán los que mantengan no solo su competitividad, sino su propia legitimidad para operar».
Por último, el desfase regulatorio en sectores aún no normativizados genera una asincronía que fuerza a las empresas a operar en un vacío legal con altos niveles de incertidumbre jurídica. Ese vacío convive con una creciente dispersión regulatoria, un auténtico laberinto de competencias y normas superpuestas que exige a los departamentos de asuntos públicos una estructura altamente profesionalizada para poder navegar la complejidad técnica y legal del ecosistema actual.
En un mundo donde la polarización domina el debate público, donde la desinformación erosiona la confianza y donde los gobiernos adquieren un papel decisivo en la competitividad empresarial, la gestión estratégica de los asuntos públicos ya no es opcional: es la herramienta indispensable para navegar la incertidumbre. Quienes sepan fortalecer su gobernanza, anticipar riesgos y construir relaciones institucionales sólidas serán los que mantengan no solo su competitividad, sino su propia legitimidad para operar.
Daniel Mehrad Fuertes es Socio y Director de Political Intelligence España.
